Así lo reflejan los datos más recientes (elaborados a finales de 2013) del Instituto Nacional de Estadística (INE), los cuales también ponen de manifiesto el sobredimensionamiento que ha llegado a alcanzar la cúpula de estos organismos, entre los que se encuentran grandes corporaciones, como Aena o RTVE, o empresas de tamaño mediano del estilo de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), que bien pueden depender del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales.
Según publica El Economista, en términos generales, son las nóminas que Estadística clasifica como altas (es decir, las que equivalen a 3.255,6 euros mensuales o más) las que más cuota acaparan dentro de la plantilla total de las empresas públicas, casi una cuarta parte por sí solas.
Si a ese porcentaje le sumamos el 20,7% propio de los asalariados que ocupan el siguiente puesto de la clasificación (con remuneraciones situadas entre menos de 3.255,6 euros mensuales y 2.528,1), representan ya casi la mitad del total de las personas que trabajan en las empresas e instituciones financieras públicas.
Mientras, la clase media es escasa: los componentes de los tres deciles que discurren entre menos de 1.788,6 euros y 1.200 apenas significan el 30% de la fuerza de trabajo de estos organismos.
Mejor suerte que las Administraciones
Mientras, en las Administraciones predomina un contexto de ajuste. Y es que en el mismo periodo en que los altos cargos empresariales públicos crecían, la Administración central (incluida la Seguridad Social) veía cómo la cuota de sueldos elevados pasaba de representar el 17,6% de toda su fuerza de trabajo a situarse en el 14%.
En lo que a las comunidades autónomas concierne, el punto de partida era notablemente elevado: un 24% de sus asalariados cobraba más de 3.200 euros brutos al mes. En 2012, ese porcentaje había menguado hasta el 19,2%.
En cuanto a las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades...) casi cinco puntos porcentuales se quedaron en el camino entre el 15,7% de 2010 y el 10,9% arrojado dos años más tarde.
Propuesta para marcar límites
El Gobierno actual ha tomado consciencia de la necesidad de limitar a los altos cargos de empresas públicas y sus retribuciones. Con ese objetivo, entrado el año 2012, el Consejo de Ministros dio luz verde a un decreto por el que se establecía un límite al número de consejeros, y también techos a las retribuciones de los primeros espadas de estos organismos: 105.000 euros anuales para los de gran tamaño; 80.000, para los medianos, mientras que, en el caso de los pequeños, el límite es de 55.000 euros.
El problema es que sigue quedando mucho margen para engrosar la nómina recurriendo a complementos. En concreto, existe un bonus en función del cargo, que puede llegar hasta el 60% del sueldo base y, por otro lado, también hay un variable que puede alcanzar el 40% de la retribución básica.
