Con esta Ley, el parlamentario de CiU quiere que en la contratación pública se tenga en cuenta si el adjudicatario contribuye a conseguir objetivos sociales y está comprometido con las personas más desfavorecidas.
Con este propósito, Campuzano quiere fijar por Ley que, previamente a la concesión de contratos públicos, se observe si el interesado no solo cumple con la obligación legal de reservar el 2% de su plantilla a trabajadores con discapacidad, sino que lo acredite, a fin de favorecer la integración de los trabajadores con discapacidad.
En la Proposición de Ley de CiU se plantea incorporar criterios de adjudicación de carácter social para beneficiar a la población más desfavorecida, así se valorará el número o porcentaje de trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social que ejecutarán el contrato, la subcontratación con Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la propuesta técnica de las prestaciones a contratar, el porcentaje de plantilla indefinida que ejecutará la prestación contractual, o la salvaguarda y cumplimiento de los Derechos Humanos, entre otras cuestiones.
En su iniciativa parlamentaria, Campuzano propone asimismo que se reserve el 7% del importe total anual destinado contratación pública a conciertos con Centros Especiales de Empleo, cuando el 70% de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, y a Empresas de Inserción cuando al menos el 30% de los trabajadores sean personas en situación o riesgo d exclusión social.
Además, la Ley que CiU somete a votación en el Pleno establece como condición para la percibir subvenciones públicas cumplir con la reserva del 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad, tal y como establece la Ley, y acreditarlo en su caso.
Por su parte CERMI, la Plataforma del Tercer Sector y CEPES han expresado su apoyo a la iniciativa de CiU y han hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que den apoyo a la tramitación de esta Ley de CiU de modo "a través de la capacidad de compra de las Administraciones Públicas se contribuya a la realización de objetivos sociales como la inclusión, el empleo o la accesibilidad".