La sentencia del magistrado Juan Luis Pía, conocida ayer coincidiendo con el undécimo aniversario de la catástrofe, absuelve de los delitos contra el medio ambiente al capitán del Prestige, Apostolos Mangouras; al jefe de máquinas del buque, Nikolaos Argyropoulos, y al exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. En cambio, condena a Mangouras a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave. Como señalan desde la agencia Europa Press, el cuarto acusado, el primer oficial, Ireneo Maloto, ha quedado excluido de la sentencia porque no ha llegado a ser juzgado, dado que se encuentra en paradero desconocido.
Según recuerdan desde Europa Press, el Prestige vertió al mar unas 63.000 toneladas de fuel, que provocaron daños medioambientales en las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y Francia. Para Greenpeace, la ausencia de condenas fuertes en este juicio "confirma que contaminar o generar un desastre ambiental en España no tiene consecuencias". En palabras de la directora de Campañas de Greenpeace, María José Caballero, "la sentencia demuestra que en España no estamos preparados para juzgar una catástrofe medioambiental ni para condenarla ni para defender el medio ambiente".
Además, desde Greenpeace señalan que, dado que esta sentencia no encuentra ningún culpable entre los acusados, es de suponer que "los verdaderos responsables no han sido juzgados". En este punto, el periodista Juan Zamora plantea una idea similar, en un artículo publicado en el portal Naucher.
Zamora explica que "el puntal" que sostiene la sentencia es el desconocimiento de cuál es la causa primera de la avería del buque. "Ese desconocimiento permite exonerar con justicia a los acusados de cualquier responsabilidad, ya que difícilmente podemos imputar a alguien algo que no sabemos por qué ha sucedido", señala Zamora. Ahora bien, el periodista añade que "el tribunal no puede desconocer" que las autoridades españolas incumplieron lo establecido por el Plan Nacional de Contingencias por contaminación marina accidental, que establece la obligatoriedad de realizar una completa evaluación de los daños del buque siniestrado como paso previo a la elaboración de un plan de salvamento. La inexistencia de esta evaluación es la causa, según Zamora, de que no se sepa qué ocurrió.
